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Abogado. Especialista en Derecho de Familia (Pontificia Universidad Javeriana), en Derecho Administrativo (Universidad Colegio Mayor del Rosario) y en Ciencias Constitucionales (Universidad Católica de Colombia).
Se ha desempeñado como Subdirector Nacional de Estupefacientes y Coordinador del Programa de las Naciones Unidas para la Descentralización del Plan Nacional de Lucha contra las Drogas en Colombia.
Catedrático, conferencista y escritor. Fundador-Presidente del INSTITUTO COLOMBIANO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN SOBRE DROGAS. SIGLA: FUNDACIÓN PREVENIR.
Es reconocido como una de las voces más autorizadas en Colombia sobre política y regulación de drogas.
Dr. Samuel Díaz Escandón
Director Fundador
URGE ESTRATEGIA INTEGRAL FRENTE A LAS DROGAS
Por: Samuel Díaz Escandón*
Colombia se enfrenta hoy a una dramática realidad: de ser un país tradicionalmente productor de drogas a ser también consumidor de las mismas.
Las últimas mediciones arrojan resultados alarmantes: El consumo de drogas se duplicó en los últimos 5 años, uno de cada 6 estudiantes de bachillerato ha probado las drogas, la edad de inicio de los niños en las drogas es a los 14 años, se han detectado 32 nuevas drogas en las calles y el negocio mueve más de 10 billones de pesos al año. El país pasó de tener 48 mil hectáreas sembradas de coca en 2010 al récord histórico de más de 250 mil en la actualidad, con una producción anual estimada en más de 950 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína.
El microtráfico y todo el fenómeno de inseguridad y descomposición social que genera constituye hoy, sin duda, la principal preocupación en la mayor parte de nuestros pueblos y ciudades. El aumento de la producción y el consumo de drogas ilícitas tiene múltiples causas, pero entre ellas descolla el enfoque permisivo del mismo Estado en los últimos ocho años y del poder judicial frente al tema (sentencias sobre dosis personal y dosis de aprovisionamiento), unido a la ausencia de una verdadera política nacional de educación y prevención para afrontar la amenaza de las drogas.
Por ello, enhorabuena el gobierno del presidente Duque anuncia la expedición del decreto que permite a las autoridades de policía decomisar en lugares públicos la droga que se porte sin justificación médica. Aunque la medida no es la panacea frente al problema, sí constituye un gran avance en la dirección correcta de controlar la oferta descontrolada de drogas que ha inundado el país entero. Si bien, aplaudimos la medida, es urgente que el Gobierno Nacional implemente a la par una verdadera política integral para enfrentar el problema de las drogas.
Es necesario que el Estado continúe y refuerce todas las acciones de control e interdicción a la producción y el tráfico de drogas, pero consideramos que el eje central de dicha política integral debe ser ahora la prevención, la educación y el tratamiento de las drogodependencias. Hoy el país sigue careciendo de una verdadera política nacional de prevención que integre tanto al Estado en sus distintos niveles, las entidades territoriales y los diversos sectores de la vida nacional de una forma u otra involucrados en la solución del problema. Tradicionalmente se han privilegiado las acciones de control de la oferta de drogas, tal vez porque son más rentables publicitariamente, en desmedro de las estrategias de reducción de la demanda (educación y prevención frente al consumo), que es el eslabón fundamental de la lucha contra las drogas.
En mala hora para el país y en contravía del enfoque mundial al respecto, la prevención ha sido la cenicienta en la lucha contra las drogas y llegó el momento para que esto cambie radicalmente. Se requieren entonces, acciones inmediatas y concretas dentro de este nuevo enfoque de la estrategia integral frente a las drogas que requiere nuestro país.
Podemos mencionar entre otras las siguientes: Centralizar en una dependencia de alto nivel de responsabilidad política la estructuración y coordinación nacional de este plan nacional contra las drogas (hoy hay dispersión de funciones en varios entes estatales), que bien podría ser a nivel de un viceministerio técnico adscrito al propuesto Ministerio de la Familia, o a los actuales Ministerio de Educación o Salud. Igualmente, el establecimiento de una cátedra obligatoria de prevención del consumo de drogas en todo el sistema educativo público y privado del país, la capacitación masiva de docentes y orientadores de las instituciones educativas en la prevención y atención del consumo, una audaz estrategia preventiva del consumo en todos los medios de comunicación, asegurar los recursos públicos necesarios a nivel nacional y territorial, necesarios para financiar programas y estrategias preventivas a nivel nacional, departamental y municipal.
Sólo logrando controlar el flagelo de las drogas, Colombia podrá ser un país viable. En las últimas décadas, las drogas han sido siempre el combustible de la violencia en nuestro país y es la gran amenaza para la familia, nuestros niños y jóvenes, comprometiendo con ello el futuro mismo de la Nación. Logrando contrarrestar la producción, el tráfico y el consumo y enfatizando la necesidad de la prevención y la educación podremos lograr un país libre de drogas.